Lima, 13 jun (Prensa Latina) La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú anunció hoy que el próximo 25 de junio denunciará al gobierno de Perú ante la Corte Penal Internacional (CPI) por medio centenar de muertes durante protestas sociales.
La fecha fue precisada representante de Aprodeh, Gloria Cano, también abogada de familias de los caídos en las manifestaciones realizadas de diciembre de 2022 a marzo de 2023 contra el ascenso a la Presidencia, por sucesión, de la mandataria Dina Boluarte.
Explicó que la denuncia, por violación sistemática de derechos humanos, se basará en el artículo 15 de los estatutos de la CPN, según el cual la corte acepta peticiones de cualquier ciudadano.
«Pediremos a la Fiscalía de la Corte que, de acuerdo con los argumentos que vamos a expresar, pueda abrir un examen preliminar sobre este caso», agregó.
Sobre comentarios en el sentido que la citada corte solo aceptaría casos que hayan agotado las instancias judiciales del país respectivo, la activista dijo que en la denuncia expondrán los motivos por los cuales la CPI tiene jurisdicción para tratar el caso.
«En el escrito estamos argumentando porqué acudimos y porqué consideramos que no hay posibilidades de justicia en nuestro Estado», añadió, al señalar que Aprodeh ha sido citada para exponer el caso el 25 de junio.
Además de Boluarte, informó, se incluye a los ex primeros ministros que ejercieron el cargo durante las protestas, Alberto Otárola y Pedro Angulo, así como altos jefes milittares y policiales de entonces.
El primer ministro Gustavo Adrianzén reaccionó ayer con molestia por la denuncia que anunció, sin fecha, el ex embajador de carrera Harold Forsyth.
El diplomático declaró que «hay un grupo de ciudadanos que proponemos presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional» contra el gobierno de Boluarte «por violación sistemática de los derechos humanos y por esta gran cantidad de muertos, compatriotas, sin que nadie se haga cargo».
Adriazén sostuvo que Forsyth incurre en ignorancia al hablar de violación sistemática de derechos humanos, lo acusó de haber representado al gobierno de Pedro Castillo -detenido y preso por decretar, sin lograrlo, la disolución del parlamento- y reiteró la posición oficial, en el sentido que las protestas fueron violentas y promovidas por el citado expresidente, al que calificó como golpista.
Perú: fijan fecha denuncia a Gobierno ante Corte Penal Internacional
